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CAPITAL

Para Ganemos el Corte Inglés de Salamanca se encuentra en estos momentos “totalmente fuera de la legalidad”

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Actualizado 24/07/2018 13:37:59
Miguel

Ya son siete las sentencias que declaran ilegal el Centro Comercial, cuya licencia ambiental y de apertura queda también ahora anulada tras el último dictamen judicial de lo Contencioso Administrativo.

El Corte Inglés de Salamanca se encuentra en estos momentos “totalmente fuera de la legalidad” tras el último dictamen judicial, una situación a la que ha llegado después de los trámites que el equipo de Gobierno del Partido Popular ha venido llevando a cabo. El PP es, por tanto, “el único que pone en riesgo” los grandes almacenes, que podría ver peligrar su futuro en la ciudad, con el consecuente perjuicio para sus trabajadores y trabajadoras, según denuncia en un comunicado Ganemos Salamanca.

Y es que la nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca, emitida el 10 de julio de 2018, es “clara y radical” al ratificar, una vez más el trato de favor del equipo de Gobierno PP en el ya denominado ‘Caso Corte Inglés’, tal y como explica el grupo municipal Ganemos Salamanca. Se trata de la séptima sentencia que confirma que el centro comercial ha sido tratado de forma privilegiada por los ‘populares’, en detrimento del interés general de la ciudadanía, al permitir a la empresa construir 20.000m² de más en terrenos públicos.

Esta última sentencia anula la última licencia de El Corte Inglés de Salamanca que se mantenía en vigor, es decir, la ambiental y de apertura, argumentando que no existe base legal alguna que la sustente. Ello se debe, en primer lugar, a que el planeamiento urbanístico ya fue anulado judicialmente y, en segundo lugar, porque la licencia urbanística también lo fue.

La moratoria de la Junta queda sin efecto

A todo ello hay que sumar la orden de 12 de abril de 2016 por la que la Junta de Castilla y León otorgaba una moratoria de dos años al Ayuntamiento para legalizar la situación de los grandes almacenes, una concesión que ahora “ha perdido eficacia y no está en vigor”, según la sentencia. Ante este cúmulo de ilegalidades “está claro que el juez no ha tenido más remedio que declarar nula la situación actual del centro comercial”, asevera el concejal de Ganemos Salamanca, Gabriel Risco.

Asimismo, la formación granate denuncia que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco (presidente del PP en Castilla y León), “ha dejado pasar la oportunidad que le daban estos dos años de moratoria para resolver el problema y, por tanto, es el alcalde, el PP y quienes les apoyan, es decir, PSOE y Ciudadanos, los que están poniendo en peligro la permanencia de los puestos de trabajo y del centro comercial”.

Ante esta nueva decisión judicial, la agrupación de electores insiste en “dejar claro que la única opción posible para que El Corte Inglés continúe abierto y para que los puestos de trabajo se mantengan es la solución que planteó en su momento Ganemos”, es decir recuperar la ilegalidad en el sector 37 y “devolver a la ciudad, en forma de equipamientos públicos, lo que la empresa ha construido de más” en esta zona de Salamanca, señala la portavoz de Ganemos Salamanca, Virginia Carrera.

Esta fórmula para lograr que El Corte Inglés esté en una situación que de verdad sea legal fue presentada por Ganemos en febrero de 2016, y contó con el respaldo de los otros dos grupos municipales de la oposición (PSOE y Ciudadanos), que finalmente dieron la espalda a la propuesta. “Seguimos defendiendo nuestra propuesta inicial como la única forma de devolver la legalidad al centro comercial y dar a la ciudadanía un trato igualitario”, declara el concejal Risco.

7 sentencias ratifican la ilegalidad de El Corte Inglés de Salamanca

En cuanto a los antecedentes judiciales de El Corte Inglés de Salamanca, el caso se abrió con una sentencia de la Audencia Nacional en junio 2010 por la que quedaba anulado el convenio firmado entre el Ayuntamiento, la empresa y el Ministerio de Defensa (parte de los terrenos son propiedad de dicho organismo y, de hecho, en ellos se ubicó anteriormente un cuartel militar).

A esta primera se sumarían después las tres sentencias de 2007, 2011 y 2014, que anulan los planes urbanísticos. Otras dos sentencias más (2015 y 2016) anulan la licencia urbanística que permitió construir el centro comercial. Y llega ahora, en 2018, la séptima decisión judicial, anulando la licencia ambiental y de apertura.

Ante esta sucesión de sentencias, la Junta de Castilla y León intervino en abril de 2016 para dictar una orden de moratoria de dos años, período de tiempo al que incluso trató de sumar un año más. Pero la última sentencia dictamina que dicha orden no está en vigor, lo que hace que el centro comercial quede ahora “al descubierto, sin ninguna autorización o licencia legal, con el peligro que ello puede suponer para las y los trabajadores”, denuncia Ganemos Salamanca.

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